La Anarquía o Período de Ensayos Constitucionales

Periodo de Anarquía o de Ensayos Constitucionales.


Nombre que se da a los siete años que van desde 1823, tras la abdicación de Bernardo O’Higgins, a 1830, con el triunfo de la batalla de Lircay por parte de los conservadores. La versión de la historiografía clásica denominó este período como "Anarquía", pero actualmente se considera que dicho nombre tiende a connotar aspectos negativos de la vida social, cultural, política y económica de esos años, por lo que se le identifica como "Ensayos Constitucionales".

Es importante tener en cuenta que, finalizado el proceso de Independencia, buscar y decidir la manera más adecuada de organizar el Estado o la naciente República, no era un problema menor si se considera la falta de experiencia y de pericia de los criollos, en una labor cuya responsabilidad última había recaído en el sistema colonial hispano. La independencia no había sido fruto de una planificación política, sino más bien del encuentro fortuito de una serie de contingencias, por lo que no es extraño que la clase dirigente se encuentre completamente desorientada respecto de la forma de gobierno que deba adquirir la nueva nación.

Desde un punto de vista político, es una época en que se suceden muchos gobernantes por períodos cortos de tiempo, producto de las luchas de poder entre los diferentes bandos políticos y la incapacidad para establecer consensos. Igualmente, se redactan y ponen a prueba diversas cartas constitucionales, como las del 1823, 1826 ó 1828, que en la práctica no llegan a consolidarse. Aunque con ello la clase dirigente adquiere experiencia y las tendencias políticas se van perfilando hacia lo que serán los futuros partidos políticos de las décadas siguientes.

Desde el punto de vista económico, el efecto de la guerra de independencia es muy negativo. Los gastos de mantención del ejército obligan a implantar un sistema de impuestos. Algunos sectores rurales han quedado devastados. Y el cierre temporal del mercado peruano y la apertura de otros mercados generan alteraciones económicas, afectando los intereses pecuniarios de algunas familias aristocráticas. Durante el gobierno de O'Higgins se tiene que recurrir incluso a un empréstito contratado en Londres, iniciándose así el primer problema de deuda externa que contrae el país.

Desde un punto de vista social, Chile mantiene un ordenamiento piramidal, en donde el bajo pueblo es el grupo social más numeroso y constituye la principal fuerza de trabajo en los campos y ciudades, sufriendo severas condiciones de explotación. Este sector no tiene incidencia en las decisiones políticas y está completamente sometido a la aristocracia. Culturalmente existe una preocupación y esfuerzo por la instrucción y la educación. Se funda el primer colegio para señoritas. Llega a Chile el naturalista e historiador francés Claudio Gay, así como el connotado intelectual venezolano Andrés Bello.

Constitución Política de 1823
Ideada y redactada por Juan Egaña Risco, en ese entonces a la cabeza del Congreso, es promulgada el 29 de diciembre de 1823. Conocida como la "Constitución Moralista", consta de 277 artículos, que comienzan proponiendo un régimen de gobierno unitario, indivisible e independiente de España, determinando la religión del Estado como Católica, Apostólica y Romana, excluyendo el culto y ejercicio de cualquiera otro credo.

En su artículo 4º se determinan los límites del territorio nacional, de sur a norte, desde el Cabo de Hornos hasta el despoblado de Atacama; y de oriente a poniente, desde la cordillera de Los Andes hasta el mar Pacífico, con todas las islas adyacentes, incluso el archipiélago de Chiloé, las de Juan Fernández, Mocha y Santa María. En éste no se considera la Patagonia ni la Antártica como partes del territorio nacional, ni tampoco a Perú como límite norte.

La República debe ser gobernada por un Director Supremo cuyo cargo durará cuatro años, con posibilidad de ser reelegido por una sola vez. El Ejecutivo será controlado por la fiscalización del Consejo del Estado, el Senado, la Cámara Nacional y las asambleas de ciudadanos. De estos organismos el más novedoso es el último, las asambleas de ciudadanos, ya que en ellas recae la labor de calificar y censurar a los empleados públicos, incluyendo al Director Supremo. Cualquier distrito, parroquia o municipio con un mínimo de 200 ciudadanos activos, puede formar una asamblea.

Lo más singular de esta constitución, y a lo cual se debe su calificativo de "moralista", es que se caracteriza por ligar las normas que rigen la administración del Estado con aquellas que regulan la conducta moral, tanto de los funcionarios como de los ciudadanos. Así por ejemplo, en el artículo 250 se afirma: "En la legislación del Estado se formará el código moral que detalla los deberes del ciudadano, en todas las épocas de su edad y en todos los estados de su vida social, formándole hábitos, ejercicios y deberes, instituciones públicas, ritualidades y placeres que transforman las leyes en costumbres y las costumbres en virtudes cívicas y morales".

En realidad, esta constitución no se implanta, pues requiere de un engorroso y complejo sistema administrativo que para muchos va a significar un mayor gasto fiscal, y tampoco cuenta con el consenso de la clase dirigente para ser aplicada, siendo sus mayores críticos el sector liberal, que la considera autoritaria y centralista. El 10 de enero de 1825 se dicta el acta de defunción de la Constitución de 1823, sin haber sido ésta puesta en práctica.

Constitución Política de 1826

En 1826 el Congreso aprueba una serie de "leyes federales" propuestas por José Miguel Infante, sin esperar la aprobación de la carta constitucional, siendo ésta una de las razones por las cuales ramón Freire renuncia a su cargo y posteriormente es elegido como presidente Manuel Blanco Encalada. Dichas Leyes proclaman que la República de Chile está organizada en un sistema federal que consta de 8 provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. Cada una de ellas dispone de un Gobernador elegido por voto popular, al igual que los cabildos y los curas párrocos. Las provincias de Coquimbo, Concepción y Valdivia son las más vehementes en adherir a la aprobación de estas leyes, ya que desde hace tiempo perciben el centralismo santiaguino con recelo.

En la práctica, las leyes federales son sancionadas por el Congreso entre julio y octubre de 1826, pero el proyecto constitucional propiamente tal nunca es aprobado, a pesar de que en lo sustantivo estas leyes sólo anticipan lo que ya se plantea en la carta constitucional.

La aplicación del federalismo trae consigo una serie de problemas y confusiones. Las provincias comienzan a competir por sus prerrogativas, o por el distrito que les corresponde. Muchas carecen de recursos propios como para implementar sus propios gobiernos locales, y eso sumado a los desordenes y algarabías que acarrean las elecciones de eclesiásticos, terminan por hacer fracasar la propuesta de Infante.

El Congreso entra en conflicto con Manuel Blanco Encalada, quien deja el cargo en septiembre de 1826, asumiendo Agustín Eyzaguirre, el cual gobierna hasta enero de 1827. El Congreso que sanciona las leyes federales se disuelve sin ratificar el nuevo proyecto constitucional, poniendo con ello fin a las mismas.

Constitución política de 1828

La nueva carta fundamental, que consta de 134 artículos, es aprobada por el Congreso el 6 de agosto de 1828. Establece que el Presidente debe ser electo por votación indirecta, la duración de su cargo es de cinco años sin posibilidades de reelección, y tanto dicho cargo como el de Vicepresidente deben ser obtenidos por mayoría absoluta. La división del territorio nacional se mantiene igual que como lo determinan las leyes federales. El poder Legislativo reside en dos Cámaras, la de senadores y la de diputados. La del Senado está constituida por dos representantes de cada provincia, elegidos por asambleas provinciales, en tanto que los diputados son elegidos en votación popular directa. El poder Judicial consta de dos instancias, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones.

La constitución, al igual que las anteriores, establece como la religión del Estado la Católica, Apostólica y Romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Señala los limites territoriales, confirma la abolición de la esclavitud, y declara la abolición de los mayorazgos. Estos últimos existen desde la colonia y establecen que los bienes de la familia no pueden ser divididos y que el único heredero considerado lo constituye el hijo mayor.

A pesar de que la nueva carta, se presenta como clara y contundente, en la práctica sólo sirve como un argumento más para agudizar los antagonismos que ya se vuelven irreconciliables. Para el bando conservador -compuesto por pelucones, estanqueros y o'higginistas- es demasiado liberal y poco centralista. Para los federalistas y liberales, en cambio, poco liberal y aún muy centralizadora. Independientemente de cuál haya sido el caso y a pesar que ésta constitución es calificada como una de las mejores de su época, el antagonismo político de ese período se resuelve de manera violenta con la Guerra Civil de 1829.

En los comicios de 1829, contemplados en la nueva constitución, Francisco Antonio Pinto es reelecto como Presidente, con la mayoría absoluta de los votos. Sin embargo, al ser nombrado Joaquín Vicuña como Vicepresidente, la reacción conservadora no se hace esperar. Por considerar que el Congreso, mayoritariamente liberal, pasa a llevar la ley, eligiendo un candidato que ha obtenido el tercer lugar en las elecciones, pelucones, estanqueros y o'higginistas forman un frente común, con la intención de intervenir el gobierno. Pinto renuncia al cargo de Presidente, delegándolo en Francisco Ramón Vicuña, hermano de Joaquín, que en ese momento preside el Senado.

Paralelamente en el sur la revuelta se desencadena. Las provincias de Concepción y Maule ignoran las elecciones y al gobierno. El ejército del sur, comandado por José Joaquín Prieto y asistido por Manuel Bulnes, marcha a Santiago. Sin embargo, los conservadores comandados por Diego Portales ya están organizando un levantamiento en Santiago. Los pipiolos, por otra parte, se preparan igualmente para hacer frente a las tropas provenientes del sur, y organizan la resistencia en torno a las figuras de Francisco de la Lastra y Benjamín Viel, produciéndose el primer enfrentamiento el 14 de diciembre en la batalla de Ochagavía. A partir de este encuentro sin vencedores se decide poner a la cabeza del Ejército y del gobierno a Ramón Freire, situación que no prospera ya que la junta provisional que se ha formado está dominada por los opositores rebeldes que no tardan en deponer a Freire y quitarle el mando del Ejército, imponiéndose como los restauradores de la legalidad. Al tiempo que Freire logra marchar hacia Coquimbo con algunas tropas para organizar un ejército contrarrevolucionario, en Santiago la junta provisional nombra Presidente a Francisco Ruiz Tagle y como Vicepresidente a José Tomás Ovalle. Por discrepancias políticas, ya que Ruiz Tagle intenta instaurar un gobierno de transición, presionado por Portales, es obligado a renunciar, asumiendo el mando en su lugar Tomás Ovalle junto a Diego Portales como Ministro del Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina.

Freire y sus tropas se han trasladado desde Coquimbo hacia el sur y la guerra civil ya desencadenada es zanjada en la batalla a orillas del río Lircay, ubicado en lo que hoy sería la región del Maule. El enfrentamiento se lleva a cabo el 16 de abril de 1830. Freire es derrotado por Prieto. A partir de allí, el bando pipiolo es desbaratado y los sobrevivientes del ejército vencido son dados de baja y muchos de ellos, incluyendo a Freire, desterrados. Con esta batalla se da comienzo al período histórico denominado la "República Portaliana" o "Conservadora".